Si bien en términos generales valoraron las propuestas, indicaron que la actual legislación contempla penas elevadas para los delitos de colusión, algunas de las que no se han aplicado por el poco tiempo de vigencia de la ley.
El combate a la colusión y el abuso en los mercados es uno de los tres pilares de la denominada Agenda Antiabusos, dada a conocer en cadena nacional este lunes.
Cinco profesionales -abogados y economistas- que se desempeñaron en la FNE, analizaron las propuestas y si bien en general valoraron los anuncios, también aclararon algunos puntos y presentaron sus reparos.
Matices en pena efectiva
Una de las medidas propuestas por el gobierno fue aumentar las sanciones penales, con penas de cárcel efectiva, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos (ver más detalles en página 2). La abogada socia de Morales & Besa y exjefa de la Unidad de Carteles de la FNE, María José Henríquez, explicó que "la sanción de cárcel existe desde el 2016 en nuestra ley y la pena es bastante severa: entre tres y diez años de prisión con un año de cárcel efectiva. También se incorporaron inhabilidades para ejercer ciertos cargos ejecutivos y directivos".
En el caso de la agravante para los delitos que afectan productos de primera necesidad, Jaime Barahona, abogado de Guerrero Olivos y exsubfiscal nacional económico, detalló que esta existía en el año 2003 y que "se discutió en la última reforma, pero no se acogió, entonces de alguna manera el gobierno está restableciendo esta agravante considerando la discusión de 2016".
Carolina Bawlitza, counsel de DLA Piper y exencargada de Delación Compensada de la FNE, indicó que si bien se puede considerar agravantes especiales o aumento en el plazo de cumplimiento de la pena efectiva, "lo cierto es que las penas que actualmente contempla la legislación son bastante elevadas y que hasta la fecha no han sido aplicadas únicamente debido al escaso tiempo transcurrido desde su aprobación".
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